Mera y Duarte serán investigados por tres delitos: ‘Arroz Verde’

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La jueza Daniela Camacho aceptó ayer la reformulación de cargos, presentada por la fiscal general, Diana Salazar, en contra del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte. Serán procesados por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.

La audiencia se cumplió en horas de la tarde en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En un principio, los dos exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa estaban acusados de concusión por el caso denominado ‘Arroz Verde’.

Según la investigación de un portal digital, cerca de 12 millones de dólares fueron entregados como ‘donaciones voluntarias’ por empresas contratistas con el Estado para las campañas políticas de Alianza PAIS.

Diana Salazar consideró que al existir coincidencia en el caso que lleva en contra de Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, además de los casos de Pamela Martínez y Laura Terán, exasesoras de Rafael Correa, debe aplicarse la acumulación de los procesos.
Medidas cautelares
Por ahora están detenidos Alexis Mera, Pamela Martínez y Laura Terán. Duarte lleva puesto un grillete electrónico. Los cuatro tendrán fuero de Corte.

EL DATO
Alexis Mera se mostró distendido en la sala. Llevaba un chaleco antibalas y en un receso conversó con sus amigos.
La jueza también desestimó el pedido de la defensa de Duarte, para que cumpla su presentación periódica ante la autoridad de Justicia en Guayaquil, y no en Quito como lo viene haciendo.

Daniela Camacho determinó que la instrucción fiscal durará hasta el 29 de septiembre.

En criterio de Fausto Jarrín, abogado de Alexis Mera, en la audiencia de ayer no hubo ningún aporte por parte de la Fiscalía. “No he escuchado absolutamente nada nuevo en contra de Alexis Mera”, comentó. (SE)

Campañas de 2013 y 2014 
°  Las cuatro personas son investigadas por presunto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, ya que existirían irregulares aportaciones a las campañas correístas electorales de 2013 y 2014, por parte de empresas vinculadas contractualmente con el Estado, entre ellas Odebrecht.
Fuente: La Hora

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